IDBx: IDB27x Administración pública y fiscal: cómo se gestiona un gobierno

Aquí podrás revisar los conceptos más importantes del curso, ordenados por módulo según su orden de aparición:

Módulo 1: ¿Cómo se financia un país?

• Ingresos públicos: el dinero que ingresa a un país año a año y que le permite cubrir sus gastos.
• Impuestos directos: pagos obligatorios que los ciudadanos o entidades realizan al Gobierno de acuerdo a sus fuentes de riqueza, como por ejemplo, cuando se es dueño de una casa o vehículo.
• Impuestos indirectos: son aquellos pagos obligatorios que recaen sobre el consumo de algún producto o mercancía, como por ejemplo, el índice de precios al consumidor (IVA).
• Ingresos tributarios: son los ingresos de un país que provienen de los impuestos.
• Contribuciones sociales: son los pagos que realizan ciudadanos y organizaciones a la seguridad social con el fin de acceder a beneficios, tales como la jubilación.
• Gasto público: son los compromisos de pago que tiene un Gobierno. Se dividen en gastos corrientes e inversiones.
• Gastos corrientes: son aquellos gastos que cubren el funcionamiento de un Gobierno y sus programas, como los salarios públicos, subsidios sociales o el pago de los intereses de la deuda.
• Inversiones: son los gastos en infraestructura pública esenciales para el país, como el transporte, las escuelas o los hospitales

Módulo 2: Definiendo el presupuesto de un país

• Proceso presupuestario: mecanismo institucional a través del cual se elaboran, discuten, modifican y aprueban los presupuestos de un país.
• Autoridad Presupuestaria Central (APC): es la oficina encargada de liderar el proceso presupuestario y, por lo tanto, tiene la capacidad de influir en los mecanismos institucionales para la elaboración del presupuesto.
• Techo de gasto: mecanismo que establece cuál es el monto máximo que pueden gastar las administraciones.
• Transparencia presupuestaria: es la publicación de la información fiscal relevante de manera adecuada y sistemática por parte de los Gobiernos.
• Proyecciones fiscales: mecanismos que permiten prever circunstancias (como la evolución demográfica o los indicadores macroeconómicos) que puedan afectar la viabilidad de los presupuestos a medio y largo plazo.
• Presupuestos complementarios: contienen propuestas de enmiendas al presupuesto principal anual. Este es el mecanismo con el que el Gobierno busca la aprobación legislativa para el gasto que difiere del presupuesto y asignaciones originales

Módulo 3: El rol de los Centros de Gobierno (CdG)

• Centro de Gobierno (CdG): es un comité de apoyo y coordinación a la presidencia que tiene 4 funciones principales: asegurar que todas las voces sean escuchadas, gestionar las metas prioritarias, alinear las metas con el presupuesto y monitorear las decisiones tomadas.
• Programas multisectoriales: iniciativas que abordan desafíos que, por su naturaleza, no pertenecen a un único sector o responsable. El enfoque multisectorial supone la coordinación de recursos e iniciativas a través de todos los sectores, involucrando tanto a instituciones gubernamentales como a la sociedad civil.

Módulo 4: Política y gobernanza regulatoria: asegurando normas de calidad 

• Regulaciones: son las reglas que gobiernan el día a día de empresas y ciudadanos y una de las herramientas fundamentales mediante las cuales los Gobiernos promueven la prosperidad económica, aumentan el bienestar social y persiguen el interés público.
• Gobernanza regulatoria: es el instrumento del Gobierno para establecer las normas a seguir por ciudadanos y empresas y monitorear los impactos de estas normas, lo que permite medir la calidad de las mismas.
• Análisis de Impacto Regulatorio (AIR): herramienta de política pública fundamental que ofrece a quienes toman decisiones, información detallada sobre los efectos potenciales de medidas regulatorias en la economía, el medio ambiente o en el ámbito social.
• Evaluación ex-post: metodología que permite evaluar la efectividad de una regulación una vez que está en vigencia. Esta evaluación incluye las incidencias directas e indirectas y las consecuencias no anticipadas.
• Simplificación administrativa: herramienta que trata de reducir los requisitos administrativos para cumplir con la regulación y pasa por una simple revisión de normas hasta la cuantificación de las cargas administrativas del Estado.

Módulo 5: Empleo público: ¿Cuántos funcionarios hay y cómo se distribuyen?

• Empleo público: comprende a todas las personas que trabajan para el Estado, ya sea en organismos públicos, prestando servicios a los ciudadanos o en empresas públicas.
• Empresas públicas: entidades jurídicas que producen bienes o servicios para el mercado y que son controladas por unidades gubernamentales o pertenecen a ellas.
• Fuerza laboral: se refiere a todas las personas en edad de trabajar que ofertan su mano de obra para la producción de bienes o servicios. Comprende a todas las personas que reúnen los requisitos para ser incluidas entre los empleados o los desempleados.
• Tamaño del Estado: número de empleados públicos con que cuenta el país.

Módulo 6: ¿Cómo se gestiona el talento en el sector público?

• Funcionario público: es un empleado del Estado, ya sea permanente o con un contrato a largo plazo. Además, los funcionarios públicos son empleados cubiertos por un marco jurídico público u otras disposiciones específicas.
• Planificación de recursos humanos: conjunto de prácticas que permiten determinar de forma sistemática la provisión y demanda de empleados. Incluye, entre otros procesos, la selección, retención, estrategia de gestión del talento y contratación de personal. Sin embargo, cabe anotar que su implementación es compleja ya que debe hacerse de manera objetiva, y tiene grandes desafíos como: la selección por mérito de los directivos públicos y mandos medios, su capacitación y su propia evaluación como gestores de talento, así como una mejor planificación del desempeño, procesos de evaluación más constructivos y mecanismos de protección contra evaluaciones discrecionales son otras herramientas para promover un mejor funcionamiento.
• Gestión de Recursos Humanos (GRH): consiste en el diseño e implementación de tareas tales como el reclutamiento y la selección del personal, la gestión de la compensación, la gestión del desempeño y la capacitación de los empleados públicos. El ente rector de la gestión de la GRH es clave para garantizar reglas coherentes para todo el servicio civil, asegurar que estas reglas se cumplan, y contribuir a que el sector público cuente con los mejores profesionales posibles para una entrega efectiva, eficiente e íntegra de los servicios públicos.
• Evaluación de desempeño: la evaluación de desempeño en el sector público es un proceso que implica planificar, motivar y evaluar las contribuciones de los empleados al desempeño del sector público, convirtiéndose en una de las herramientas más significativas para generar un servicio civil más efectivo. 

Módulo 7: Contratación pública estratégica: facilitando los negocios con el Estado

• Consumo intermedio: es el gasto del Gobierno en bienes y servicios para su propio uso, como la compra de repuestos o los servicios de mantenimiento de equipos o maquinarias.
• Inversión: gasto público en infraestructuras que promueven el crecimiento económico y social.
• Contratación pública: la contratación pública o compras y contrataciones estatales hacen referencia a todas aquellas compras de bienes, obras y servicios que son realizadas por los Gobiernos o las empresas públicas.
• Contratación pública estratégica: se refiere al uso por parte de los Gobiernos de la contratación pública como instrumento para el logro de objetivos económicos, sociales y medioambientales.
• Compras públicas electrónicas gubernamentales: eGP, por sus siglas en inglés e-Government Procurement, se refiere a la utilización de tecnologías de la información (por ejemplo, internet) por parte de los Gobiernos para mantener la comunicación y relaciones de contratación pública con proveedores y contratistas.
• Agencias de contratación pública: en ALC, las agencias de contratación pública o entidades rectoras y de monitoreo de la contratación pública, son órganos centrales encargados de la regulación y el monitoreo del sistema de contratación pública.

Módulo 8: Gobierno abierto: fomentando la madurez y la sostenibilidad

• Datos abiertos: se refieren a los datos digitales que están disponibles con las características técnicas y legales necesarias para que cualquiera pueda utilizarlos, reutilizarlos y redistribuirlos libremente, en cualquier momento y en cualquier lugar.
• Gobierno abierto: comprende la transparencia de las acciones de Gobierno, la accesibilidad a los servicios y a la información y la capacidad de respuesta de los Gobiernos a nuevas ideas, demandas y necesidades. Un Gobierno es abierto cuando es transparente, rinde cuentas, opera con integridad, y de este modo -a través de instrumentos de política y prácticas que conducen a procesos de cambio e innovación- tiene mayor probabilidad de liderar hacia mejores servicios y políticas, mayor confianza, bienestar social y calidad de la democracia. Se trata de un ejercicio detallado que incluye el alcance, el financiamiento, el monitoreo, los derechos y obligaciones de las partes afectadas, los roles de los diferentes actores y un marco de gobernanza que proporciona mecanismos de coordinación. El ejercicio debería concitar todo el apoyo político posible.

Módulo 9: Integridad del sector público  

• Conflicto de interés: existen varias definiciones, pero en su forma más simple, un conflicto de interés es un conflicto entre los deberes públicos y los intereses particulares (económicos o de otra índole) de un funcionario público. Las regulaciones de conflictos de interés están pensadas para evitar que el interés particular afecte indebidamente el ejercicio de las obligaciones y responsabilidades oficiales de parte del funcionario público.
• Conflicto de interés real: aquellas situaciones de conflictos de intereses que pueden identificarse de manera objetiva porque existe un beneficio concreto para el funcionario público. Los beneficios más evidentes son los económicos y financieros.
• Conflicto de interés aparente: las situaciones aparentes son aquellas en las que no puede precisarse un beneficio y, por ello, no están alcanzadas por la normativa, pero surgen dudas razonables acerca de la imparcialidad del funcionario frente a una decisión concreta.
• Confianza: la confianza se entiende ampliamente como tener una percepción positiva sobre las acciones de un individuo u organización. La confianza nos da la seguridad de que otros actuarán como esperamos en circunstancias particulares. Si bien la confianza puede basarse en la experiencia real, en la mayoría de los casos es un fenómeno subjetivo, reflejado en la perspectiva del espectador.
• Regulación: es el conjunto diverso de instrumentos mediante los cuales los Gobiernos establecen requisitos para las empresas y los ciudadanos. La regulación incluye todas las leyes, órdenes formales e informales, reglas subordinadas, formalidades administrativas y reglas emitidas por organismos no gubernamentales o de autorregulación a los que los Gobiernos han delegado poderes regulatorios.
• Órgano de aplicación: es el ente público que tiene la capacidad y las facultades para implementar las políticas de integridad, incluida la gestión del sistema de declaraciones de interés y patrimonio, las medidas para identificar, prevenir y remediar conflictos de interés.
• Declaraciones de interés y patrimonio: los estándares normativos internacionales y de casi todas las legislaciones a nivel internacional determinan la obligación y/o recomendación de que los funcionarios públicos hagan una declaración (normalmente jurada o bajo solemnidades legales) de bienes e intereses al momento de asumir sus funciones y que actualicen periódicamente tal declaración.

Módulo 10: Resultados fundamentales del gobierno  

• Resultado (Outcome): se refiere a lo que se logra mediante una actividad en última instancia. Los resultados son tanto intencionales como no intencionales de las acciones gubernamentales, pero también involucra otros factores no relacionados con ellas. (Glosario de términos estadísticos de la OCDE).
• Producto (Output): en la evaluación del desempeño en el Gobierno, los productos se definen como los bienes o servicios producidos por las agencias gubernamentales (por ejemplo, horas de enseñanza impartidas, beneficios sociales evaluados y pagados). (Glosario de términos estadísticos de la OCDE).
• Estado de derecho: en sí mismo, el estado de derecho es un concepto multidimensional que abarca diversos elementos como los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, la ausencia de corrupción y el gobierno abierto. La mayoría de estos elementos también se reconocen como componentes clave de la buena gobernanza, cruciales para mantener la paz y el orden, lograr el desarrollo económico y garantizar la provisión efectiva de bienes y servicios públicos. El World Justice Project (WJP) presenta uno de los enfoques más sistemáticos para conceptualizar y medir el estado de derecho en todo el mundo. Según su metodología, los sistemas que defienden el estado de derecho comprenden cuatro principios universales: 1) el Gobierno y los actores privados son responsables ante la ley; 2) las leyes son claras, publicitadas, estables y justas; se aplican de manera uniforme; y protegen los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas, los derechos contractuales y de propiedad, y ciertos derechos humanos fundamentales; 3) los procesos mediante los cuales se promulgan, administran y hacen cumplir las leyes son accesibles, justos y eficientes; 4) la justicia se aplica oportunamente por representantes y entes neutrales competentes, éticos e independientes que son accesibles, tienen recursos adecuados y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven (WJP, 2019).
• Servicios públicos: servicios que se realizan en beneficio del público o sus instituciones. Los servicios públicos son proporcionados por el Gobierno a sus ciudadanos, ya sea directamente (a través del sector público) o mediante la financiación de la prestación privada de servicios. El término está asociado con un consenso social de que ciertos servicios deberían estar disponibles para todos, independientemente de sus ingresos. Incluso cuando los servicios públicos no se prestan ni financian públicamente, por razones sociales y políticas, generalmente están sujetos a una regulación que va más allá de la que se aplica a la mayoría de los sectores económicos.